Pese a lo que marca la resolución establecida por el actual Gobierno nacional por la que fueron “alentados” a firmar el retiro voluntario y jubilarse en forma anticipada, hay una gran cantidad de operarios que prestaban servicios en los yacimientos con trámites trabados o rechazados, lo que los deja literalmente a la deriva, sin trabajo ni obra social.
Juan trabaja hace más de 25 años en la industria petrolera y hace un año y medio, cuando le ofrecieron la posibilidad de jubilarse en forma anticipada, le pareció que era momento de descansar, invertir el dinero del retiro voluntario y acceder a la jubilación para estar cerca de su familia.
Sin embargo, pasaron casi 18 meses del día que firmó los papeles y dejó su puesto laboral, y aún busca respuestas que no encuentra sobre la situación de su trámite de jubilación.
El es uno de los tantos extrabajadores petroleros que, influidos por empresas y gremios, se acogieron a los beneficios que otorgó la Resolución 897/2015, mediante la cual se actualizó el Decreto 2136 de fecha 30 de diciembre de 1974, sobre “Regímenes especiales para personal que se desempeña en tareas penosas, riesgosas o insalubres”.
La modificación de esta reglamentación fue una forma de descomprimir la industria en un contexto de crisis por la baja de los precios internacionales del barril de crudo. Y en su caso la demora se debe al retraso en la verificación del expediente, lo que habría dilatado todo el proceso.
El decreto firmado por la entonces presidente María Estela Martínez de Perón establecía “regímenes que adecuen límites de edad y de años de servicios y aportes y contribuciones diferenciales en relación con la naturaleza de los servicios prestados en tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuros”, permitiendo que una persona de 50 años y con 25 de servicios, que se desempeñe habitual y directamente en una tarea riesgosa, pudiera jubilarse.
En los artículos A y B, la normativa aclaraba que ese beneficio estaba dirigido a “la exploración petrolífera o gasífera llevada a cabo en campaña” y a “tareas desempeñadas en boca de pozo y afectadas a la perforación, terminación, mantenimiento y reparación de pozos petrolíferos o gasíferos”.
Precisamente la Resolución 897/2015 actualizó ese último artículo ampliando su competencia e incluyendo a “personal que realice o hubiera realizado tareas de exploración en campo tendientes al análisis del suelo mediante distintas técnicas y equipamiento de sísmica, la remoción del terreno y extracción de muestras; como así también las que se realizan o hubieran realizado en alta mar para las operaciones denominadas offshore”; “personal que realice o hubiera realizado tareas de movimiento de suelos, consistentes en el acondicionamiento del terreno en el cual se instala el equipamiento que incluye, entre otros, los equipos de perforación y los tanques de almacenamiento”; “personal que en la fase de exploración, realice o hubiera realizado tareas de saneamiento, de gestión de residuos, de remediación y control ambiental, de remoción y reparación del suelo que hubiera sufrido derrames, así como también la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento” y, entre otros apartados, al “personal que realiza tareas auxiliares y complementarias, formando parte de los procesos de exploración y explotación petrolífera y gasífera, tales como las de carácter administrativo, de mantenimiento o de servicios”, incluyendo a casi todo el personal que trabaja en la industria.
La reglamentación estipula que el trabajador, en cualquiera de los casos, debe desempeñar “dichas tareas en forma exclusiva, normal, habitual con dedicación y afectación directa y principal”.
Pero lo cierto es que a más de dos años de haberse firmado esta resolución, que fue apoyada por la Cámara de Exploración y Explotación de Hidrocarburos; la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles y el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, en Comodoro Rivadavia hay un sinnúmero de trabajadores que firmaron el retiro voluntario, pero que todavía no se pueden jubilar, habiendo quedado incluso en algunos casos sin la obra social ni ingresos.
Desde la delegación local de ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) su titular, Aníbal Andrade, no pudo precisar la cantidad de trámites que fueron rechazados por el organismo y tampoco cuántos expedientes están pendientes de verificación. Sin embargo, admitió que “son muchos”.
Otra fuente consultada explicó que “ANSES muchas veces deniega este derecho porque tiene un criterio restrictivo y considera que no tiene que otorgar ese beneficio”.
“Al trabajador no le reconocen que la tarea que desempeña sea en condiciones de insalubridad”, detalló la fuente, que aseguró que ese el principal problema al momento de rechazar una jubilación.
Según se explicó, en muchos casos se trata de gastronómicos que prestan servicios en yacimientos, administrativos y otros puestos que se desempeñan en base. Aunque también hay casos como el de Juan, que siempre prestó servicios en yacimientos.
¿Cómo se toma una decisión tan importante para un trabajador que abandonó su puesto laboral pensando que se iba a poder jubilar? Primero el trabajador tiene que sacar un turno que tendrá una demora de un mes y medio, por lo menos.
Luego el trámite pasará por un cuerpo verificador integrado por tres personas. Ellos deben ir a la empresa para comprobar las tareas que realizaba el solicitante, cubriendo toda la jurisdicción (desde Caleta Olivia a Río Senguer) de la dependencia local.
Posteriormente un cuerpo de abogados debe emitir un dictamen legal, aceptando o rechazando la petición. La arbitrariedad de criterios es absoluta, señalaron.
“Estamos en medio del berenjenal. Estamos sacando lo que se puede. Los gremios vienen y ayudan como pueden, pero no hay seguridad jurídica”, dijo una empleada consultada.
“Si una persona de cuadrilla se jubiló, ¿por qué no pueden jubilarse los quince restantes?” se preguntó, reconociendo que “se generó toda una expectativa y no se está cumpliendo con todos porque hay muchísima gente que se jubiló y otra que no”.
Otra fuente que habló con este diario -pero pidió reservar su identidad- señaló que “existe un doble juego”. Por un lado se incentivó al trabajador a hacer uso de ese beneficio y por otro, una vez que el trabajador se retiró, tanto empresa como gremios “le soltaron la mano”. Aunque siempre hay excepciones, y en algunos casos les ofrecieron la extensión de la cobertura de la obra social, como una forma de apoyarlos.
Por el momento, ningún caso ha llegado a la Justicia. Sin embargo, más de un damnificado volvió a iniciar el trámite con la esperanza de que esta vez tenga un resultado distinto y pueda cobrar su jubilación, tal como le prometieron cuando le ofrecieron el retiro voluntario.
Fuente: EP