Campesinos de Santiago del Estero lo acusan de contratar sicarios para apropiarse de las tierras de una comunidad indígena. Canido dice ser el propietario de los campos. Las imágenes del incendio.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), explicó este jueves en conferencia de prensa el conflicto que atraviesa por las tierras con la empresa de gaseosas Manaos y particularmente con Orlando Canido, uno de los dueños. Acompañados por los diputados nacionales del Movimiento Evita, del Frente de Izquierda y del FpV, los campesinos denunciaron una violación de sus derechos en el territorio y amenazas con armas realizadas a las familias por parte de grupos de tareas.
La zona de conflicto es en Bajo Hondo, un paraje ubicado a 80 kilómetros de Quimilí, Santiago del Estero.
La legisladora por Santa Fe Lucila De Ponti expresó su solidaridad y afirmó: “La justicia de Santiago del Estero y el gobierno provincial no deberían ser cómplices de la empresa Manaos. Las tierras pertenecen a las comunidades campesinas, es donde viven y trabajan. Esto debe ser respetado por las empresas y defendido por la ley”.
Fabián Orellana, integrante de la comunidad de Bajo Hondo, detalló que “los ataques comenzaron el 6 de Julio con gente armada, con Orlando Canido presente, para desalojar a las familias, tiraron nuestras pertenencias a la calle y quemaron las casas”. Y agregó que “el 24 de septiembre volvieron para continuar los ataques, despojarlos de sus pertenencias y atacar nuevamente el campamento”.
Por su parte, Paulo Aranda, de MOCASE, sostuvo que “los grupos de tareas han ofertado plata por mi cabeza, por la de otro compañero y la de mi hija”. Y destacó que “a la lucha no vamos renunciar, porque depende de nosotros la vida de nuestros hijos. Y la tierra para nosotros significa vida. En plena democracia tenemos bandas armadas. Esto nos preocupa mucho como pueblo”.
También Margarita Gómez del MOCASE subrayó que “vinimos a denunciar, a reunirnos con diputados y senadores. Pero lo que realmente nosotros queremos es llevarnos una respuesta porque no queremos que esta situación nos deje más compañeros muertos, como Cristian Ferreyra y Miguel Galván“.
El conflicto viene desde hace muchos años, cuando se empezó a extender la frontera de la soja. Grupos empresarios empezaron a mirar con codicia las tierras que siempre habitaron las comunidades, y con complicidad de los estados provinciales obtuvieron títulos de propiedad.
Desde 2004 que los habitantes legítimos de esta tierra intentan ser desalojados, y vienen resistiendo organizados con otras comunidades de la zona.
Estuvieron presentes, además de la diputada Lucila De Ponti, los diputados nacionales Leonardo Grosso, jefe del bloque Peronismo para la Victoria y Silvia Horne del mismo bloque, los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Nestor Pirtola y Pablo López, la diputada del Frente para la Victoria, Silvina Frana y representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.