La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, presentó una acción declarativa de certeza para conocer la validez constitucional de organizar sesiones parlamentarias a través de medios electrónicos.
La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema para que se expida sobre la posibilidad constitucional de que el Congreso sesione a través de un sistema digital, es decir por videoconferencia. En el texto, CFK le solicita a la Corte que haga cesar el estado de incertidumbre dado que el Poder Ejecutivo tiene prohibido dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en temas penales y tributarios, mientras que el Congreso no se puede reunir en forma presencial por el peligro que significa para la salud de centenares de personas, además de ser directamente opuesto al aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández.
Habrá que ver si el máximo tribunal acepta tratar la cuestión. En tanto, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, adhirió al pedido de la vicepresidenta al considerar que “las sesiones remotas son un hecho que tiene que ver con la cuarentena. Es muy importante que la Corte se exprese sobre la validez y nos dé certeza”.
El texto que lleva la firma de Cristina fue redactado por la responsable legal del Senado, Graciana Peñafort. Es una presentación de 30 páginas que arranca con un planteo político: los poderosos confrontan y hostigan de diversas maneras para evitar que el Congreso dicte normas, en especial tributarias, como forma de ayudar en la catástrofe que significa el Covid-19.
En ese marco, la titular del Senado incluye una nota y una tapa, ambas del diario Clarín, en que, por un lado, se critica el uso de los DNU y por el otro lado se advierte que CFK quiere que el Congreso sesione para sancionar la ley que establezca un impuesto extraordinario a las grandes riquezas como forma de reforzar las cuentas públicas frente a la pandemia. El texto presentado señala que eso es una muestra del hostigamiento y las formas que utilizarán los poderosos, a través de cautelares y otros planteos judiciales, para bloquear las iniciativas legislativas. Frente a la incertidumbre, entonces, es que pide un pronunciamiento “urgente, claro y concreto”.
“La certeza que se requiere solo podrá darla la intervención eficaz y expeditiva de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación –señala el escrito redactado por Peñafort–, en cuanto ella se expida de modo concluyente y que despeje toda duda o incertidumbre respecto a la constitucionalidad del trámite a adoptarse por parte del Honorable Senado de la Nación para el tratamiento de las leyes cuya sanción requiere de modo inmediato el futuro de la Nación Argentina y de toda, absolutamente toda, su población”.
Cristina le hace notar a los ministros del máximo tribunal que el reglamento lo permite y de alguna manera lo prevé: “Los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional”, establece el artículo 30. Y, aunque es evidente, el texto acompaña una enorme cantidad de elementos de que el país y el mundo están ante una situación excepcional, nunca vista, en que las sesiones presenciales son imposibles. En primer lugar porque muchos senadores están en sus provincias, pero también porque sesionar iría en contra de la salud de los legisladores, colaboradores y empleados, además de sus respectivas familias.
El compromiso con la Corte es que “se proveerá de un sistema que permita la identificación en todo momento del senador que se encuentra participando, que garantice la seguridad de las votaciones que se realicen por dicha plataforma y la plena participación y seguimiento de los senadores del debate parlamentario”.
CFK utiliza en el pedido el ejemplo de la propia Corte. En el párrafo señala lo siguiente: “Quiero remarcar que el 13 de abril de este año la Corte Suprema de Justicia dictó la Acordada 11/2020 en la que se estableció ‘la posibilidad de que los acuerdos de Ministros se realicen por medios virtuales, remotos o de forma no presencial'”. Es decir que si un poder del estado, el Poder Judicial, puede usar el sistema digital, también debería permitirse que otro poder, el Legislativo, haga lo propio.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez considera que la presentación es pertinente porque “existe un estado de incertidumbre o falta de certeza porque los reglamentos no son precisos respecto de la sesión digital. Podría resolverlo el propio Congreso, pero también podría cuestionarse después. De esta manera vas a tener certeza de aquello que se puede hacer o no hacer”. Por su parte, Gustavo Arballo, también constitucionalista, diagnostica que “la Corte podría denegar el pronunciamiento, no decir nada, y que si alguien tiene una objeción la plantee recién cuando quiera decir que la ley que se terminó sancionando es inconstitucional. En ese caso, termina llegando otra vez a la Corte, que antes gambeteó el pronunciamiento. Me parece que es más económico y sensato decirlo antes y curarse en salud”.
En definitiva, lo que pide Cristina es que se pueda sesionar y que ello esté convalidado constitucionalmente. Es que el impuesto extraordinario, por única vez, a las grandes fortunas puso a decenas de economistas y comunicadores a lanzar rayos y centellas contra el proyecto. Unos cuantos de forma abierta y otros de manera solapada. Y por supuesto que la próxima ola provendrá del ejército de abogados que intentarán frenar la iniciativa. Preparándose para esa batalla es que CFK y también Massa le piden a la Corte que intervenga y que ponga certeza ante una situación excepcional que no tiene antecedentes en la historia mundial.