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Cristina ATR

Arrasa con sus cartas. Por qué pone la mira en la Corte. El rey del lawfare, las derrotas de la mesa judicial y el regreso del malo conocido. El binomio roto.

Balance personal como pocos, el de Cristina Fernández de Kirchner a un año de la asunción de Alberto Fernández anuncia un conflicto de largo aliento con la Corte Suprema en el que el Gobierno no aparece ni de cerca como claro vencedor. Acertada o no, la carta-denuncia de la vicepresidenta delata la dificultad para avanzar como quisiera con su propio plan y la impotencia del Frente de Todos para revertir, en el plano judicial, un escenario adverso para CFK y los funcionarios que acumulan causas de corrupción.

Cristina apuntó a los cinco miembros del máximo tribunal como responsables principales del lawfare, pese a que la Corte está balcanizada y cada ministro es una isla. Carlos RosenkrantzRicardo LorenzettiHoracio RosattiJuan Carlos Maqueda Elena Highton sostienen una convivencia forzosa y el recelo entre ellos se filtra bastante más allá del Palacio. Con su carta, CFK no sólo los expuso ante la militancia oficialista y dejó a su propio gobierno en una situación incómoda. Además, abroqueló a los jueces que prefieren guardar silencio, pero consideran que no existe causal de juicio político en nada de lo que Cristina cuenta.

Mientras tanto, se unen ante el espanto y preparan el trazo de los fallos por venir en las causas que afectan al oficialismo. Todos miran para otro lado, pero afirman que el Ejecutivo tiene problemas en el frente judicial que exceden la responsabilidad de la Corte e incluyen en primer lugar el fracaso de los interlocutores que destinó la alianza peronista para influir entre los supremos. No sólo la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que anunció una relación armoniosa con los supremos que no se cumplió, sino también cristinistas como Juan Martín MenaEduardo de Pedro Gerónimo Ustarroz. Todos “peritos en derrotas”, como los califican incluso en algunos sectores del oficialismo, permitieron o tal vez precisaron el regreso del operador Javier Fernández, el auditor todopoderoso de los últimos 20 años que volvió del peor de los retiros para cumplir funciones que nadie supo ejercer. “Mi jefa política es Cristina Fernandez de Kirchner”, le dijo este Fernández, histórico miembro de la escuadra de Antonio Stiuso, a La Nación el último 7 de diciembre.

Con la mayor parte de los puentes entre el Gobierno y la oposición interrumpidos, hoy en la Corte afirman que no hay interlocución institucional y a los Fernández sólo les queda un camino para evitar nuevas insatisfacciones en el máximo tribunal: la ampliación de jueces como la que impuso en su momento Carlos Menem y desandó el kirchnerismo de manera gradual, con una ley de la propia Cristina en 2006. Le alcanzaría con mayoría absoluta para decidir un aumento en el número de supremos, pero, para nombrar a los nuevos jueces, necesitaría dos tercios en el Senado que hoy no tiene.

Al palo

El centro de la carta parece apuntar a Lorenzetti, el presidente que durante 11 años condujo no sólo a la Corte sino también a las almas puras de Comodoro Py, el “partido judicial” del que hablaba en vida Néstor Kirchner. La vicepresidenta lo recordó su foto -sacada en cuarto piso del Palacio de Tribunales- con el brasileño Sergio Moro y el fallecido Claudio Bonadío, en un intento de remarcar un proceso regional en el que la justicia actuó como factor decisivo para resolver contiendas electorales, con decisiones como las de enviar a la cárcel a Lula en Brasil.

Cristina también le dedicó un párrafo al rafaelino en el que lo identificó con el “lawfare al palo” y le atribuyó haber afirmado, en una reunión de jueces federales, que “todas las instancias superiores” iban a “convalidar las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y exfuncionarios kirchneristas”. Lorenzetti era el jefe político de Martín Irurzun, el autor de la famosa doctrina que permitió el festival de prisión preventiva durante la era Macri y estaba también a cargo de la oficina de escuchas de la Corte. En su libro “Rebelión en la Corte”, Irina Hauser cuenta que el presidente del máximo tribunal había esbozado los fundamentos de la doctrina en un fallo para responder a un planteo de Jorge Chueco -el abogado de Lázaro Báez– que nunca salió. Pese a todo eso, Lorenzetti era, junto a Highton, el ministro que mantenía hasta hace muy poco las mejores relaciones con el Frente de Todos, incluso con funcionarios del riñon de la propia Cristina.

No poder

El fallido entendimiento con la Corte no es el único revés del peronismo en el frente que desvive a la expresidenta. La lista es larga. La reforma judicial del Presidente que no conforma a su vice y duerme el sueño de los justos, el pliego de Daniel Rafecas como procurador que CFK parece objetar, la imposibilidad de avanzar contra los jueces del lawfare en el Consejo de la Magistratura que domina el oficialismo y la demora en designar unos 150 fiscales, jueces y defensores que están vacantes desde que Fernández retiró los pliegos de los candidatos de Mauricio Macri.

Hay un aspecto más que Cristina menciona en su carta, cuando dice que la Corte, que consintió el endeudamiento con el Fondo, puede dictar “fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar” al Gobierno. Es probable que aluda a las causas de decenas de miles de jubilados que llegan cada año al máximo tribunal, una litigiosidad enorme que se genera a partir de las propias decisiones del Estado, primero durante el kirchnerismo, después el interregno de Macri y ahora con los Fernández, por el congelamiento de la movilidad previsional durante el primer año del FDT en el poder y por la nueva fórmula que se aprobó en el Senado. Sería un golpe fuerte para el Gobierno un fallo en contra de la política de ajuste que desindexa los haberes de los jubilados y ata los ingresos a la recaudación y los salarios.

Lo esencial

Cuando habló de una “articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores” que “se desplegó con toda su intensidad” con Macri en el poder y “aún continúa”, la vicepresidenta pareció revelar cuál es su prioridad después de un año de lo más intenso en el que la pandemia agravó el cuadro social en todas las líneas y aumentaron la pobreza y el desempleo. A 12 meses de la asunción del Frente de Todos, la jefa indiscutida en la representación de los sectores más vulnerables dentro de la coalición oficialista se desliga en su balance de la realidad que vive la mayor parte de sus votantes y apunta, como cuestión casi excluyente, al lawfare. Cristina sugiere que todavía puede sufrir lo mismo que experimentaron y experimentan exfuncionarios suyos como Amado Boudou Julio De Vido. Como si estuviera impedida de ocuparse de sus apoyos más leales o estuviera condicionada para ejercer su representación, pendiente de su libertad ambulatoria. No deja de ser paradójico, porque ese apoyo popular que se mantuvo irreductible en los momentos del auge macrista es el que funcionó como blindaje en los dos largos años en los que Cristina no tuvo fueros y ningún Bonadio se animó a enviarla a la cárcel.

Por Diego Genoud – Letra P