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Corte Suprema: sobreseen al ex juez Guillermo Tiscornia, quien investigó el juego y a la ex Ministra Nilda Garré por contrabando de armas

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con motivo del reciente fallo recaído en el Alto Tribunal que marca la despedida del doctor Fayt quien tuviera un desempeño a lo largo de casi 32 años en su poltrona de Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Quien suscribe la presente por entonces en el desempeño en calidad de juez nacional en lo penal económico había imputado formalmente en el transcurso del año 2007 (y a partir de una denuncia formulada por la Aduana Nacional a cargo por ese entonces del doctor Ricardo Echegaray) a la por entonces titular de la cartera de Defensa del gobierno federal Nilda Garré por tráfico de pertrechos militares. Casualmente fue cuando la empresa española Codere S.A. de vínculos con el gobierno, lo denunció fraudulentamente en el transcurso del año 2006 en momentos en que directivos de ese poderoso holding empresarial español era investigado bajo la dirección de quien suscribe con la intervención del Fiscal en lo Penal Económico -Dr. Miguel Schamun- por contrabando importador de máquinas tragamonedas y por evasión fiscal. La estrategia urdida por dicho holding empresarial español se encaminaba, por un lado, a forzar el apartamiento de quien suscribe del conocimiento de dicha investigación, y por otro, garantizarse a si misma impunidad si el caso pasaba a tramitar por ante otra distinta sede judicial. Y así ocurrió.

La Corte Suprema confirmó, entonces, el sobreseimiento de quien suscribe, esto es, del ex juez Tiscornia en la causa fraudulentamente “armada” por supuesto e inexistente pedido de coimas; quien suscribe -Tiscornia- había sido sobreseído por el juez Federal Canicoba Corral (2011); a su turno los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron ese sobreseimiento (2011); luego la Casación (Sala Segunda) respaldó esa decisión (2012); ahora con la firma de despedida nada mas ni nada menos que del Ministro Fayt quien deja la corte luego de 32 años de desempeño se demostró la inocencia de quien suscribe -Tiscornia- ; y que las investigaciones judiciales sobre la empresa española Codere y la pesquisa sobre contrabando de pertrechos de guerra a EEUU que involucraron a la doctora Garré fueron factores mas que determinantes para que el matrimonio Kirchner disciplinara al Consejo de la Magistratura en pos de la separación del cargo de quien suscribe -Tiscornia- quien había citado en 2007 (año electoral) a la doctora Garré a rendir declaración indagatoria, lo cual nunca se concretó ante el rápido desplazamiento de quien suscribe, léase Tiscornia.

El miércoles pasado 9/12/2015 , en lo que fue el último acuerdo en el que participó el hoy ex Ministro doctor Carlos Fayt, el máximo tribunal, con la firma del presidente Ricardo Lorenzetti; la de la magistrada Elena Highton y la del ex miembro de la corte, coincidió con los fallos de todas las instancias inferiores que me sobreseyeron.

La resolución de la Corte fue por mayoría de tres votos contra uno, ya que le ministro Juan Carlos Maqueda sostuvo que el sobreseimiento debía ser revocado y enviar la causa a los tribunales inferiores para que se dicte un nuevo fallo.

Quien suscribe, léase Tiscornia, había sido fraudulentamente denunciado por supuesto e inexistente pedido de dinero a directivos de la empresa Codere Argentina S.A. para (supuestamente) favorecerla en sumarios penales que instruía en su contra, había sido sobreseído por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, la Cámara de Apelaciones del fuero y la de Casación Penal.

Se atribuyó a quien suscribe, léase Tiscornia, haber pedido una suma millonaria a través de terceros -entre ellos su padre, pero los fallos que lo sobreseyeron consideraron que quienes pudieron haber pedido dinero para el ex magistrado eran “vendedores de humo”, porque habrían argumentado una influencia que en realidad no tenían.

La denuncia contra quien suscribe, realizada hace una década, fue una de las principales causas de la destitución decretada en el transcurso del año 2007 por parte del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación y sirvió de estandarte publicitario para fogonear una verdadera parodia de juicio político.

A su turno, quien suscribe había sido suspendido y enviado a juicio político por el Consejo de la Magistratura, decisión fogoneada por la ahora ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner en una conferencia de prensa (24/07/07) que dio desde Mallorca España, cuando públicamente pidió la destitución de quien suscribe, léase Tiscornia.

El proceso contra quien suscribe, ahora ex juez , comenzó poco después de haber ordenado la convocatoria a prestar declaración indagatoria de la entonces ministro de Defensa de la Nación, Nilda Garré, en una causa por supuestos ilícitos con pertrechos militares. El hecho había sido denunciado nada mas ni nada menos que por parte del por entonces titular de la Aduana Nacional, doctor Ricardo Echegaray.

En el transcurso del mes de febrero del año 2014 , la Comisión Americana de Derechos Humanos CADH, ante cuya sede quien suscribe se hubo presentado para reclamar por mi situación derivada de la remoción del cargo judicial , dio curso a un pedido de informes al gobierno argentino al considerar formalmente admisible la petición del ex juez, encaminada hacia la restitución a su cargo judicial. Con lo cual al haber sido declarada formalmente admisible la petición N° 1018/07 se verificó la apertura de la instancia supranacional con lo cual la sentencia dictada por el Jurado de Enjuiciamiento el 19/12/07 por la cual fui destituido de mi cargo judicial no se encuentra a la fecha firme.

El gobierno argentino bajo la gestión kirchnerista objetó la presentación oficializada por parte de quien suscribe, quien, a su vez, replicó esa respuesta, con lo cual la instancia internacional se encuentra abierta y en pleno trámite con serio riesgo de que la Argentina sea condenada por la CIDH a reponer a Tiscornia en sus funciones.

Se recuerda que la CIDH ya condenó a Perú (2001) y a Venezuela (2008) a reponer a jueces de esos países a sus respectivos cargos, al haberse comprobado que fueron removidos por razones estrictamente políticas.

La nueva gestión del Presidente Macri hereda este conflicto de la gestión anterior y ante la inminencia del fallo que debe dictar la CIDH sobre el caso Tiscornia, corre el serio riesgo que la Argentina vuelva a ser condenada internacionalmente como ya sucedió con los casos “Verbitsky”, “Kimel”, “Bulacio”,”Bayarri””Gutiérrez” y “Mohamed”.

El fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuya virtud decretó firme el auto de sobreseimiento definitivo recaído, a su turno, en todas las instancias judiciales inferiores.

El caso remitía a una fraudulenta denuncia de concusión formulada en el transcurso del año 2006 por directivos de poderoso holding español dedicado a la explotación de bingos y tragamonedas (CODERE S.A.) en mi contra y del señor Fiscal en lo Penal Económico -doctor Miguel Schamun-, la cual fue incoada, a modo de calculada estrategia procesal, con el objeto de forzar mi apartamiento del conocimiento de un caso que involucraba a ese holding empresarial por contrabando y evasión fiscal.

La rimbombante denuncia sirvió de estandarte publicitario para incoar un juicio político en mi contra; alimentado por la cadena oficial por la propia doctora Fernández de Kirchner (24/07/07) desde el Palacio Real de Mallorca -España-; cuando la misma ahora ex Presidenta espetó: “un juez que mandó a pedir una coima millonaria no puede ser juez en ningún rincón de la Argentina; espero que los organismos encargados de velar por la conducta de los jueces hagan lo que tengan que hacer”. Fue así que pese a haber obtenido una alta calificación para ascender al cargo de juez de Cámara (concurso público n°168 CM) y de contar con 34 años de trayectoria judicial, fui virulentamente eyectado de mi cargo bajo la fórmula eufemística de “mal desempeño”; o sea, por un lado, en la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura quien suscribe ingresaba a una terna provisoria (tercer lugar) para ocupar dos vacantes del cargo de juez de Cámara ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3; pero, por el otro andarivel, esto es por la Comisión de Acusación se me categorizaba como “inepto” “manifiesto desconocedor del derecho y de la Constitución Nacional”.

En aquel tiempo -meses de junio y julio del año 2007- avanzaba una investigación judicial por ante el Juzgado en lo Penal Económico a mi cargo a partir de una denuncia incoada por la propia aduana nacional en cuya virtud se detectó una maniobra de subfacturación por parte de la emblemática Dirección General de Fabricaciones Militares con motivo de la exportación de repuestos de fusiles FAL y FAP a Farmington -Connecticut- EEUU; la por entonces Ministra de Defensa -Dra. Nilda Garré- había convalidado con decretos ministeriales el precio a declarar en la exportación de dichos pertrechos militares.

Rápidamente la facción por entonces oficialista, con el altavoz de la doctora Diana Conti, aceleraban un trámite en el Consejo de la Magistratura que llevaba 16 meses de burocráticas tramitaciones para apresurar mi suspensión preventiva y así evitar que se concretara la convocatoria a prestar declaración indagatoria de la doctora Garré; ni bien fui suspendido en mis funciones (9/08/07) el caso fue abortado.

El doctor Fayt -en su último día de trabajo- estampó su rúbrica en este fallo que llega casi diez años tarde; a nadie obviamente le interesa el sobreseimiento firme del ex juez Tiscornia, a exclusiva excepción de mi núcleo familiar directo.

Se suma a lo dicho otro dato que complementa el anterior; y lo constituye el trámite que actualmente le ha dado la Comisión Americana sobre Derechos Humanos a la petición N° 1018/07 por mi persona incoada ante la instancia supranacional; en efecto la misma CADH aplicando el Art. 30 y 40 de su propio Reglamento Interno en el transcurso del mes de febrero decidió darle trámite de apertura a dicha petición exigiéndole al Estado Argentino para que en el plazo de tres meses brindara las explicaciones e informes referidos a la sentencia de remoción dictada en mi respecto el 19/12/07 por el Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados; de hecho el doctor A. Javier Salgado a cargo de la Secretaría de Asuntos Contenciosos Internacionales de la Cancillería produjo su informe y objetó los términos de mi petición (objeción que, desde luego, ya fue replicada por quien suscribe la presente).

Por lo tanto, la instancia internacional se encuentra abierta y por lo tanto la sentencia de remoción no se encuentra firme; ello no obstante el solo hecho de haberse arribado a la etapa procesal prevista por los Arts.30 y 40 del Reglamento Interno de la CADH permite pronosticar una probable sentencia de condena contra el Estado Argentino; y dicho sea de paso la Argentina es el país que va en la vanguardia en materia de transgresiones al bloque normativo de la misma Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (“Verbitsky, “Kimnel”, “Bulacio”, “Bayari”, “Mohamed”, entre otros); no sin dejar de mencionar que, en materia de remoción de magistrados judiciales, la CIDH ha condenado a las Repúblicas del Perú y de Venezuela, respectivamente, a restituir magistrados judiciales a sus cargos(“Tribunal Constitucional del Perú vs. República del Perú”, 31/01/01; “Aspitz Barbera vs. República de Venezuela”, 5/08/08).

De ahora en más la flamante Canciller -doctora Susana Malcorra- y el propio Presidente Macri tienen la oportunidad histórica de demostrar -en los hechos concretos- si las altisonantes declamaciones de campaña electoral se traducirán en realizaciones o si todo quedará relegado a las capas geológicas de la simple retórica discursiva.

Recae en tiempo presente un más que alto grado de probabilidad, de acuerdo al avance en la respectiva sede supranacional de la petición N° 1018/07,”Tiscornia, Guillermo Juan c/ República Argentina”, que la Argentina reciba una nueva sentencia de condena en su contra y que la misma Nación Argentina reafirme su condición de país que ha recibido la mayor cantidad de sentencias condenatorias en su contra en la jurisdicción de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos.

Como ya quedó dicho, y de ahora en más, la Canciller Malcorra y el Presidente Macri tienen el uso de la palabra.

Guillermo J. Tiscornia

Ex juez en lo Penal Económico

guilletisco@hotmail.com