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Con Cristina imputada, la judicialización de la política llegó para quedarse

En pocas horas el escenario político nacional es otro. Formalmente, fueron las decisiones de dos fiscales las que consumaron este cambio.

El fiscal Federico Delgado imputó al Presidente por el escándalo de los Panama Papersy el fiscal Guillermo Marijuán acusó a la ex presidente y al ex ministro Julio De Vido en el expediente que investiga la “Ruta del Dinero K”. Obviamente, cualquier comparación entre ambos temas resulta asimétrica. La ex presidente dirigió una verdadera asociación ilícita desde la muerte de su marido, en tanto que las desprolijidades de Macri no parecen tener trascendencia en la esfera de los delitos por corrupción. El hecho es que la justicia, como ocurre en Brasil, está cogobernando en la Argentina y la política ha pasado a ser un simple reflejo de lo que ocurre en Comodoro Py.

La decisión corporativa de los jueces federales de auto-rescatar su imagen pública y borrar la creencia generalizada de que funcionan como terminales del poder político parece destinada a transformar la ecuación del poder en la Argentina. Macri necesitaba a CFK en la palestra política para mantener al peronismo dividido y permitirle así al PRO actuar con más comodidad con vistas a las elecciones del año que viene. Ahora, cerca de ser procesada y detenida, CFK se juega una carta que no esperaba usar ahora: para subsistir como grupo de presión, el cristinismo debe demostrar que todavía puede movilizar una parte importante del peronismo para defender a su jefa. Si la dirigencia del PJ se hace a un lado y la deja sola, la ex presidente y su entorno pueden convertirse en cadáveres políticos y esto le allanaría el camino tanto a Sergio Massa como a Juan Manuel Urtubey. Cuando el ex presidente Carlos Menem fue detenido por la causa del contrabando de armas a Ecuador y Croacia en el 2001, la dirigencia peronista apenas lo apoyó tibiamente. En el fondo, casi todos querían que Menem saliera de la escena.

En otras palabras, la imputación a Cristina al gobierno le viene bien y mal al mismo tiempo. Por un lado, demuestra que no existe pacto alguno de impunidad. Por el otro, puede crear las condiciones para que el peronismo salga de su anomia, incluyendo la elección de autoridades del próximo 8 de mayo, que está a punto de suspenderse, y que aparezca un nuevo liderazgo menos jaqueado que el de CFK.

Pero en este destape judicial de múltiples causas, los enredos pueden ser mayores. Porque el inevitable procesamiento de Julio De Vido hará que el periodismo ponga la lupa en la excelente relación entre éste y varios empresarios íntimos del presidente.

A la brasileña

Las semejanzas entre el protagonismo de la justicia brasileña que simboliza el juez Sergio Moro y lo que está ocurriendo en Buenos Aires es obvia. Pero también lo son sus diferencias. El inédito rol de los magistrados brasileños se encamina hacia elimpeachment a Dilma Rousseff. O sea, la segunda destitución de un presidente por este mecanismo (el primero fue Fernando Collor de Mello en el ‘92). En cambio, en la Argentina, lo que se inicia es la revisión masiva de la década K con un sesgo de independencia judicial del actual poder político que puede traerle costos también al PRO.

La independencia judicial es una meta elogiada por todos los juristas. El problema es que no hay casi práctica en la materia, porque lo tradicional es que la justicia federal simplemente le siga la corriente a la Casa Rosada, al igual que la Corte Suprema de Justicia.

Una diferencia importante entre el mundo político y el judicial es que en el primero se puede ir para atrás y desandar el camino cuando sea necesario. En la justicia, cuando se llega a cierto punto, los expedientes adquieren una dinámica que los convierte en imparables y eso es lo que está pasando ahora.

De hecho, la política quedó congelada ante la gravedad de los acontecimientos y el establishment local está preocupado. Una cosa es que caigan dos advenedizos como Lázaro Báez y Cristóbal López y otra muy distinta es que avancen causas como la de Cerro Dragón, que se llevaría puesto al grupo Bulgheroni, por dar un ejemplo.

Sea como fuere, la judicialización de la política puede durar mucho tiempo y hasta marcar el próximo proceso electoral. De hecho, unas cuantas figuras del PRO quedaron salpicadas por los Panama Papers.

En este sentido, Macri viene a resultar todo un innovador, porque es el primer presidente de la actual era democrática que no montó un sistema de control de jueces y fiscales federales. Con su actual ofensiva, muchos de éstos se liberan de los archivos de Jaime Stiuso y del teniente general César Milani referidos al patrimonio y otras cuestiones de ciertos magistrados. Los mismos se vuelven así intocables a todo efecto.

Otro hecho a tomar en cuenta es que este proceso de judicialización de la política le resta también margen de actuación al Congreso de la Nación, muchos de cuyos integrantes estarán sin duda entre los futuros imputados.

En este sentido, el gobierno puede verse favorecido, porque deberá lidiar con cámaras más débiles y bloques cada vez más fragmentados.

La última vez que la justicia pasó a cogobernar fue a través de la Corte Suprema con el fallo San Luis en el 2003, volteando el corralito y barriendo con la política económica. Claro que esto se producía con un gobierno de transición -no electo-como el de Eduardo Duhalde y en vísperas de elecciones presidenciales. Ahora es al revés. Los cuatro años del gobierno de Macri pueden estar permanentemente signados por lo que ocurra en Comodoro Py. La imagen de Cristina al borde del procesamiento no sólo puede ser el principio del fin para el kirchnerismo. También es una advertencia a toda la clase política.

Carlos Tórtora para Informador Público