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Comunidades indígenas reclaman 8,5 millones de hectáreas de tierra

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas envió durante la última semana al Senado de la Nación la nueva prórroga a la ley 26.160. La iniciativa podría tratarse el miércoles.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) informó que el reclamo de tierras de las comunidades originarias asciende a 8,5 millones de hectáreas, lo que equivale a un 3% del territorio nacional. El organismo envió esta semana al Senado de la Nación la nueva prórroga a la Ley 26.160, sancionada en 2006 con el objetivo de evitar desalojos en los territorios ocupados por pueblos indígenas, que podría tratarse este miércoles 27.

Cabe recordar que el conflicto territorial de los pueblos nativos volvió a ocupar el centro de la escena tras el operativo de desalojo represivo en el Pu Lof en Resistencia de

Cushamen, en Chubut, donde desapareció Santiago Maldonado. Dicha comunidad mapuche reclama sus tierras ancestrales, actualmente en manos del italiano Luciano Benetton.

El informe del INAI que recibieron los senadores indica que de las 1.600 comunidades identificadas, solo 1.417 cuentan con personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci). Las comunidades restantes no iniciaron el trámite o apenas lo empezaron.

La Cámara alta pidió al instituto encargado de aplicar la ley datos actualizados para poder tratar el tema en el recinto, mientras se debate su postergación. Un proyecto presentado por la senadora justicialista Norma Durango propone extenderla por cuatro años, y es respaldado por todos los sectores peronistas.

Asimismo, en el bloque de Cambiemos hay voces que reniegan de un plazo “largo”, como la senadora radical por Jujuy, Silvia Giacoppo, cercana al gobernador Gerardo Morales, que se inclinó públicamente por un año de extensión. En tanto, desde ayer y hasta, al menos, el próximo miércoles, un grupo de pueblos originarios acamparán en la Plaza de los dos Congresos por el “urgente tratamiento de la prórroga de la Ley 26.160 que frena los desalojos de las comunidades indígenas y obliga al Estado a demarcar sus territorios”.