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Cómo resolver la encrucijada fiscal, el dilema de Macri Por Carlos Pagni

Macri está atrapado en un dilema estructural. Preside un gobierno con escasos recursos políticos y debe realizar un enorme ajuste sobre la economía. Cambiemos carece de mayoría en las dos cámaras del Congreso, controla sólo cinco de los 24 distritos y llegó al poder por medio de un ballottage, con lo cual una parte importante de sus votos debe ser fidelizada. En el marco de esta fragilidad, Macri tiene que doblegar la inflación, lo que siempre significa un enfriamiento, y reducir el déficit fiscal.

A esta desproporción entre fines y medios Macri suma otro inconveniente: es rico en una sociedad que penaliza la riqueza. Por lo tanto, está obligado a demostrar que las restricciones que él impone no se deben a que sea insensible ni, mucho menos, sádico. Debe justificar el trago amargo en que la situación heredada es desastrosa. Con un agravante: la economía kirchnerista se deterioró muchísimo, pero, a diferencia de lo que ocurrió con la hiper inflación de Alfonsín o la hiper recesión de De la Rúa, no estalló. Por eso, para que acepten su jarabe, el Presidente tiene que publicar un libro sobre “el estado del Estado”. Algo que ni a Menem ni a Duhalde les hizo falta.

Fuera de este contexto es difícil entender la política fiscal de Macri. Sobre todo ahora, que agregó al gradualismo originario el gasto de la reparación jubilatoria. Los funcionarios se justifican en una opción de ética política: si se pagó la deuda con losholdouts y se impulsa un sinceramiento fiscal, sería inaceptable desobedecer las sentencias previsionales, y hacerlo supone actualizar los pagos de la Anses.

Es el principal argumento del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Se trata del padre de la iniciativa, como se advierte en un detalle: es quien la defiende en el Congreso.

La decisión enfrenta dos tipos de críticas. Algunos economistas temen que el desequilibrio fiscal derive pronto en una crisis. Otros rechazan esa visión apocalíptica, pero reprochan al Gobierno agravar el principal factor que conspira contra el dinamismo de la economía: la participación del Estado en el PBI. En el gabinete de Macri es más fácil encontrar una respuesta a la primera objeción que a la segunda.

La reparación previsional supone un aumento de $ 75.000 millones en las erogaciones de la Anses. Equivale a 1% del PBI. En la Anses y en el Ministerio de Hacienda y Finanzas resaltan la otra cara de la decisión: en adelante se dispondrá de los $ 750.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). “En términos matemáticos, ese fondo serviría para financiar el aumento durante 10 años, con un criterio bastante lógico: estamos restituyendo ese dinero a la generación que contribuyó para acumularlo”, explica un colaborador de Macri. Alfonso Prat-Gay suele agregar: “Ese fondo ya fue usado por el kirchnerismo para financiarse. Nosotros terminamos con esa práctica, porque dejamos de clasificar los recursos del FGS y las utilidades del Banco Central como ingresos corrientes del Tesoro”. Más allá de estos criterios, en el Gobierno admiten que, para evitar el colapso, el sistema jubilatorio reclama una reforma general. Por eso la ley crea una comisión en el Ministerio de Trabajo que elaborará un proyecto para 2018.

El aprovechamiento del FGS es una idea de Quintana que está en la raíz del proyecto que se discute en el Congreso. Según él, es la única caja que dejó Cristina Kirchner y, en un sistema de reparto, no debería estar sacralizada. Los gobernadores del PJ pensaron lo mismo, antes que Quintana, al pedir esos recursos para financiarse.

Según la Jefatura de Gabinete, Hacienda y la Anses, el problema del incremento de 1% del PBI en el gasto no es inmediato. Hay 500.000 personas con juicios ganados a las que se les deben pagar unos $ 50.000 millones. El resto, unos dos millones de beneficiarios, regularizará su situación con acuerdos específicos a lo largo del año próximo. Como se incorporarían 100.000 actualizaciones por mes, el impacto total llegará en 2018. Los técnicos de la Anses desmerecen el costo de la asignación universal a la vejez: “El kirchnerismo incluyó, con sus sucesivas moratorias, al 96% del universo que debería recibir ese beneficio”.

Los responsables del área fiscal creen que 2016 no presenta dificultades. La meta es alcanzar un déficit primario de 4,8%, equivalente a $ 374.000 millones. Como entre enero y abril ese rojo fue de sólo $ 75.000 millones, el Tesoro podría casi triplicar esa suma hasta fin de año. ¿Por qué el déficit fue tan pequeño en los primeros meses? La explicación habitual es que, como publicó ayer LA NACION, disminuyeron los giros discrecionales a las provincias: habían aumentado 38% durante 2015, pero cayeron 1% en el primer cuatrimestre de este año. Un funcionario explica: “El desastre administrativo es tan impresionante que fue imposible certificar los gastos y justificar las transferencias”. Quizás haya habido también una política más austera para reducir la oferta de pesos después de la devaluación. Así como ahora, cuando la inflación estructural va descendiendo -en julio rompería el piso de 2% y llegaría en diciembre a 1,5%-, abrirán la canilla de las erogaciones. Sobre todo para reanimar la actividad.

Otro motivo del recorte: en lo que va del año el gasto destinado al funcionamiento de la administración -desde papelería hasta transporte, pasando por consultorías- mostró una caída nominal de 5%, cuando se preveía un incremento del 30% debido a la inflación. Acertijo: ¿paró el robo o hay más racionalidad? Ambas cosas.

Entre los técnicos del Gobierno se advierte una inquietud: la recaudación de Ganancias venía creciendo 31% interanual, pero en mayo lo hizo sólo 23%. Nadie entiende todavía el fenómeno. En principio se atribuye a que cesaron las percepciones por dólar turista y ahorro, además del aumento en el mínimo no imponible. ¿Cuánto empeora este cuadro la concesión a Sergio Massa en el Congreso? En el oficialismo creen que poco. Explica un economista de Cambiemos: “El problema no es lo que deja de ingresar, que afecta también a las provincias. El riesgo es que causemos una decepción. Porque se exceptuará de Ganancias sólo a aquellos que estén al día con Bienes Personales. Es decir: es un premio para pocos, que se cobrará tarde”. El acuerdo se terminó de cerrar en una conversación telefónica entre Macri, Quintana y Massa.

Así como llama la atención la caída de Ganancias, el oficialismo no se inquieta por los amparos contra los aumentos de tarifas ni porque se mantenga parte del subsidio al gas en la Patagonia. “Lo del gas serán $ 2000 millones y las cautelares no llegarán siquiera a eso. Piense que este año las subvenciones suman $ 260.000 millones. Aun cuando bajamos los subsidios de 4,5 a 3,5% del PBI.” Así habla un colaborador de Gustavo Lopetegui, el vicejefe de Gabinete. Interesante: la reparación jubilatoria equivale al tarifazo de este año.

Los técnicos del Gobierno admiten que su verdadero desafío no es cumplir la meta de 4,8% de déficit de 2016. El problema es alcanzar el 3,3% prometido para finales de 2017. El punto de partida será más riguroso: como la actualización previsional suma un punto al gasto, habrá que ir de 5,8% a 3,3%. El esfuerzo no es reducir el déficit en un punto y medio, sino en dos puntos y medio del PBI.

El oficialismo no dramatiza esta exigencia. Alegan que, primero, y como ya se consignó, la regularización jubilatoria será gradual. Segundo: este año se pagarán en concepto de obra pública $ 20.000 millones por compromisos incumplidos por el kirchnerismo en 2015. Del gasto de $ 65.000 millones sólo 45.000 fueron ejecutados en 2016. Tercero: las transferencias discrecionales a provincias se van a achicar mientras se les devuelve el 15% que destinaban a la Anses. Conclusión: los gobernadores no incrementan sus ingresos, sino su autonomía. Cuarto: el ahorro de subsidios se va a realizar durante todo el año; en cambio, en 2016 empezó recién en mayo. Además, para enero, cuando “Juanjo” Aranguren presente síndrome de abstinencia, se prevé otro aumento de la tarifa eléctrica. Quinto: la devaluación de diciembre aumentó el costo de los combustibles importados; no sucederá lo mismo el año próximo. Sexto: el subsidio al gas se irá reduciendo por el aumento del precio internacional de los hidrocarburos.

Estas ventajas compiten contra un dato de hierro: 2017 es un año electoral decisivo para el oficialismo. Pregunta para inversores: ¿prefieren que Macri cumpla las promesas fiscales a riesgo de perder las elecciones? Hay dos recursos a los que se podría apelar, por única vez, es cierto, para alcanzar la meta de 2017. Pero a los funcionarios no les gusta mencionarlos. Son la privatización de centrales eléctricas como Campana o Timbúes, o de las acciones en poder del FGS, valuadas en US$ 7500 millones, y la recaudación por el blanqueo, muy difícil de calcular, pero que el Gobierno prevé más caudalosa que el mercado.

La encrucijada fiscal de Macri no se sitúa en el corto plazo. Hay que observar la mediana duración. El gasto estatal, en sus tres niveles, representa alrededor del 47% del PBI. Esa carga, que tuvo un aumento delirante con el kirchnerismo, impide una recuperación veloz del crecimiento. Y quita dinamismo a la economía. ¿Puede un gobierno cercado por las limitaciones políticas modificar esa ecuación?

En Cambiemos apuestan a que el 4,5% de subsidios que dejó Cristina Kirchner se reduzca, en 2019, a 0,5%, el equivalente a una tarifa social. Y suponen que la infraestructura, por la intervención privada, demandará un punto menos del producto en gasto público.

Son desafíos relevantes para la personalidad política del oficialismo, sobre la que hubo dos definiciones interesantes en los últimos quince días. Hernán Iglesias Illa, encargado de la imagen del Gobierno, explicó: “Así como la izquierda debe demostrar que tiene cerebro, nuestro reto es ser una derecha que tiene corazón”. Miguel Pichetto dijo algo parecido, aunque con tono burlón: “Los de Cambiemos son almas bellas que gobiernan con culpa”. Es imposible entender la política fiscal de Macri ignorando esos retratos.