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Bolivia vuelve a las urnas

Un año después de las controvertidas elecciones que dieron el triunfo a Evo Morales en primera vuelta pero derivaron en un golpe de Estado que lo sacó del poder, los bolivianos volverán a las urnas este 18 de octubre para recuperar la institucionalidad democrática, aunque el país sigue nítidamente dividido entre dos proyectos, al que esta vez se le agregan las reivindicaciones del rico Oriente boliviano.

Unos 7,3 millones de bolivianos están convocados este 18 de octubre a elegir un presidente constitucional para normalizar la vida democrática del país, gobernado provisionalmente desde hace un año, cuando el líder izquierdista Evo Morales renunció forzado por protestas opositoras con respaldo militar que desconocieron su segunda reelección en primera vuelta y desencadenaron un golpe de Estado.

Los últimos sondeos confirman la hegemonía electoral del Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por Morales y que lleva como candidato presidencial a su ex ministro de Economía Luis Arce, frente a una derecha dividida en varias candidaturas que sólo puede imponerse si logra unirse en un ballottage.

Morales (2006-19), quien relanzó la economía de Bolivia y redujo notablemente la pobreza en su larga gestión, tampoco podrá ser candidato a senador, por un veto judicial impuesto durante el gobierno provisional de Jeanine Añez que el ex presidente denunció como parte del golpe de Estado de 2019.

Estas elecciones volverán a poner de manifiesto la hostil confrontación entre la izquierda con sus movimiento sociales y las distintas fuerzas de derecha, pero también la antigua rivalidad entre la rica región del Oriente boliviano, que representa el mayor poder económico, y el resto del país indígena que por primera vez en la Historia llegó al poder de la mano de Morales.

Un cambio histórico

El PIB boliviano creció 2,2% en 2019, pero los economistas liberales opositores advertían ya entonces sobre dos problemas estructurales de la economía: el déficit comercial (USD 2 mil millones), agravado por la caída de los precios del gas que exporta Bolivia, y el déficit fiscal, el más alto de la región, de 8,1% en 2018.

La medida clave de la era Morales fue la nacionalización de los hidrocarburos, en 2006, después de lo cual el país inició una etapa inédita de crecimiento económico sostenido, coincidente además con una subida global de productos básicos, como el crudo y el gas. El PIB se cuadriplicó (pasó de 9 mil millones a 40 mil millones de dólares) y mejoraron los indicadores sociales (la pobreza cayó al 35% y la extrema al 17%), aunque mantiene más de un tercio de la economía en manos del Estado.

Según datos oficiales y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la transformación económico social de Bolivia entre 2006 y 2019 se resume en un crecimiento anual promedio del PIB de 4-5%, un mayor consumo (del 3% al 6% del PIB), la duplicación también de las reservas (hasta USD 12 mil millones) y una reducción de la deuda externa (21% del PIB).

En 2019, la gestión de Morales se vio afectado por los incendios forestales en la región de Chiquitania (entre el Gran Chaco y la Amazonia), que consumieron más de medio millón de hectáreas, obligaron a suspender la campaña electoral de entonces, a pedir ayuda internacional y que generaron críticas de organizaciones ambientalistas por lo que consideraron fue una lenta reacción del gobierno.

Sin embargo, como en todo el mundo, la pandemia de COVID-19 impactó muy negativamente la economía boliviana, ahora en recesión y de por sí alterada por la crisis político institucional que estalló en octubre de 2019. La CEPAL proyectó una contracción de 5,2% para 2020, peor aún que la de 3% realizada en abril. El contexto regional es pésimo: una retracción de 9,1% en 2020, según la CEPAL.

La reelección imposible

En 2016, la mayoría de los bolivianos rechazó en un referéndum por estrecho margen (51,3% a 48,7%) la posibilidad de que Morales fuese habilitado para una nueva reelección, aunque la Constitución se lo impedía. Pero en 2017, el presidente acudió al Tribunal Constitucional, que avaló su “derecho humano” a presentarse nuevamente a elecciones, un fallo que confirmó el Tribunal Electoral.

El fallo, rechazado por el conjunto de la oposición y por la influyente Central Obrera Boliviana (COB), también benefició a su vicepresidente, Álvaro García Linera, y a 154 legisladores, 9 gobernadores, 339 alcaldes y 3500 concejales y consejeros, de los más de 3500 distritos electorales de los nueve departamentos del país.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales se celebró el 20 de octubre, con Morales como favorito, pero el escrutinio se hizo inesperadamente lento y sin poder confirmar que el presidente había traspasado la barrera del 40%, con 10% de diferencia sobre el segundo, para asegurarse la reelección. Cuando el conteo se retomó, los nuevos datos lo daban ganador por un margen mínimo necesario (46,8% a 36,7%) sobre el ex presidente Carlos Mesa (2003-05).

Sin embargo, la oposición desconoció el escrutinio, denunció irregularidades graves y movilizó protestas que derivaron en enfrentamientos violentos en las principales ciudades del país, con grupos de ultraderecha, liderados por el dirigente Luis F. Camacho desde Santa Cruz. Para completar, los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) avalaron las denuncias de irregularidades.

El tercer acto de la crisis, en medio de la violenta represión de las fuerzas de seguridad a manifestantes oficialistas, se abrió con una propuesta de Morales de repetir la elección y se cerró bruscamente con la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas a Morales de dejar el poder (para “pacificar y mantener la estabilidad” del país). El presidente, políticamente debilitado, renunció el 10 de noviembre y se asiló en México (hoy reside como refugiado en Argentina).

El 12 de noviembre, asumió el poder la opositora Jeanine Añez Chávez (en la sucesión como vicejefa del Senado, por la renuncia de la titular, la oficialista Adriana Salvatierra). La Asamblea Legislativa Plurinacional la eligió presidenta provisional, como parte de un acuerdo tras el golpe de Estado, según el cual debía convocar a nuevas elecciones en 2020, con Morales excluido como candidato.

El Tribunal Constitucional se había declarado a favor de la “inmediatez” de la sucesión constitucional, sin necesidad de ley ni resolución del Congreso, “considerando la grave situación social y política que atraviesa el país”. Añez tomó el cargo agitando una Biblia entre enfervorizados opositores al gobierno depuesto.

Morales respondió desde el exilio forzado: “Se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia. Una senadora de derecha golpista se autoproclama presidenta del Senado y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por las Fuerzas Armadas y la Policía que reprimen al pueblo”.

En esos días, el Grupo de Puebla también denunció en su cumbre en Buenos Aires: “Fuerzas de la oposición desencadenaron movilizaciones políticas acompañadas de actos de violencia, humillación de autoridades democráticamente elegidas, invasión, saqueo y quema de casas, secuestro y amenazas de familiares para llevar a cabo un golpe de estado y forzar la renuncia del presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García-Linera, legal y democráticamente elegidos”.

Reacción

La determinación de todo el arco de derecha de asegurarse el fin de dominio del MAS, incluso de retrotraer reformas que beneficiaron a la población indígena (casi la mitad de la población adulta), abrió una temprana carrera por el liderazgo derechista y por una candidatura presidencial para dirimir con el postulante masista.

En esa liza, se volvió a anotar Mesa (Comunidad Ciudadana), que nunca dejó de ser el candidato con más preferencias del electorado del centro a la derecha, pero también Camacho (Alianza Creemos), emergente de las protestas de 2019 desde su bastión de Santa Cruz de la Sierra, en la región más rica y más blanca de Bolivia.

Pocos esperaban, sin embargo, que la propia Añez rompiera su compromiso de mantenerse al margen y lanzara su candidatura a presidenta, en enero, apoyada por aliados de Mesa y confiada en aprovechar los resortes políticos y económicos del poder provisional para sacar ventaja al resto de los candidatos de derecha. Mesa es un exponente de la élite de La Paz, celada desde Oriente por el poder económico real que genera la mayor parte del PIB del país y apoya a Camacho.

Con el correr de los meses, con la candidatura presidencial de Luis Arce por el MAS ya confirmada, la crisis del COVID-19 (137 mil casos y 8.000 muertos, en octubre) evidenció graves problemas de gestión de Áñez, quien presionada por su caída en en las encuestas retiró su postulación para, según explicó, reagrupar el voto derechista e impedir a toda costa un triunfo del ex ministro de Economía de Morales.

Hasta allí, las encuestas arrojaban una clara ventaja de Arce, seguido a distancia por Mesa, y más atrás por Áñez y Camacho. Como en 2019, el MAS confirmaba su mayoría relativa, y con opciones de ganar en primera vuelta.

Mesa se recuperó en los sondeos, pero no está claro si aun sumando el apoyo del expresidente Jorge Tuto Quiroga (Libres 21) y del pastor evangélico Chi Hyun Chung (Frente para la Victoria), una derecha tan fragmentada y enemistada lograría concentrar todos sus votos en esa candidatura para ganar con más de 50% en un ballottage y después, conformar un nuevo gobierno estable.

El entramado político decidido a impedir la continuidad del proyecto iniciado en 2006 logró que los tribunales impidieran la candidatura a senador de Morales. Un magistrado especial nombrado ad hoc rompió un empate en la Corte Suprema sobre la situación legal del expresidente, con el argumento de que -lógicamente, en el exilio- perdió su domicilio oficial.

A ello hay que sumar denuncias de sedición y terrorismo impulsadas por Áñez, que también recayeron sobre varios candidatos legislativos del MAS como parte de la persecución emprendida contra militantes masistas.

Propuestas

Arce (57) denunció esas violaciones a los derechos humanos, pero mantuvo su candidatura concentrándose en asegurarse el apoyo al MAS en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y amplias zonas rurales de Bolivia, acompañado en la fórmula por el excanciller David Choquehuanca.

El heredero político de Morales asume que el modelo que permitió la recuperación de Bolivia en los 2000 fue favorecido, en gran parte, por un boom de precios de los productos básicos, en su caso los energéticos, lejos de repetirse por ahora y con la situación agravada por la crisis del COVID-19.

Arce plantea entonces una ambiciosa segunda etapa de industrialización básica, con sustitución de importaciones y el relanzamiento del agro con tecnología, más un impuesto a las grandes fortunas (0,01 de la población), pensando tanto en sus bases de sindicatos, organizaciones sociales y campesinas, como en una parte del electorado urbano imprescindible para su estrategia electoral.

Frente a él, Arce tendrá dos grandes rivales que dividen el voto derechista en primera vuelta. El expresidente Mesa (67), quien sucedió en 2003 al renunciante Gonzalo Sánchez de Lozada en medio de protestas y una masacre que dejó más de 70 muertos y cientos de heridos en La Paz y el vecino El Alto.

Aparte de tachar de antidemocrático al gobierno de Morales, Mesa coincide con Camacho (41) y Quiroga (60) en un discurso básico: volver a recortar el poder económico del Estado, al que le atribuyen despilfarro y corrupción durante la era Morales, y la recuperación de terreno por parte de la inversión privada.

Sin embargo, Camacho suma un elemento regionalista que lleva al nivel de una candidatura presidencial las pretensiones específicas del Oriente exportador (Santa Cruz, Beni y Pando), hasta ahora administradas por la élite paceña. Camacho es líder del antiguo Comité Pro Cívico de Santa Cruz de la Sierra, que reivindica la pureza de la población local y sus costumbres, alejadas del mundo andino.

Esa rica región boliviana, especialmente en hidrocarburos y agricultura, opera como contrapeso étnico y cultural blanco de la mayoría indígena del país: con un cuarto de población genera un tercio del PIB y el 70% de los alimentos y ahora pretende hacer valer su peso, directamente, con Camacho, desde la presidencia en La Paz.