Las imágenes de un chico de 10 años linchado por robar un celular exhibe el lado más brutal de la Doctrina Chocobar: la viralización de la “justicia por mano propia”. El peligroso aval del mensaje
Mauricio Macri tuvo la audacia de ser el primer mandatario constitucional que recibe en la Casa Rosada a un policía acusado de “homicidio por exceso en la legítima defensa”. Lo cierto es que su empatía explícita hacia el uniformado Luis Chocobar –en medio de la difusión del video que lo muestra ultimando a quemarropa al ladronzuelo Pablo Kukoc, de 17 años– no demoró en instigar otros crímenes aún más espeluznantes, como el de Facundo Ferreira, el niño de 12 años fusilado por la policía tucumana. Pero el beneplácito oficialista por el “gatillo fácil” además estimuló un simpático deporte grupal: el linchamiento de presuntos malvivientes en manos de civiles enardecidos. Tal fue el reciente caso de Cristian Cortés, de 18 años, martirizado hasta la muerte por “vecinos” de la ciudad de San Juan tras arrebatar un celular. Cabe decir que se trata de una práctica que en su momento también mereció una ya olvidada bendición presidencial.
“Daniel es un ciudadano sano y querido; él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar en todo lo que pasó”, supo decir Macri el 15 de septiembre de 2016 en diálogo con radio La Red.
Se refería al carnicero de Zárate, Daniel Oyarzún, quien tras sufrir un robo ingresó en la historia policial argentina a raíz de su aporte metodológico en el campo de la “justicia por mano propia”, una innovación que bien podría denominarse: “embestida vehicular seguida de linchamiento”.
Para que ocurriera el linchamiento –luego de perseguir y atropellar con su Peugeot 306 al ratero en fuga–, la faena de aquel hombre se vio completada por la súbita complicidad de una cantidad no determinada de “vecinos” que prodigaron una sinfonía de puñetazos y patadas sobre la víctima –identificada como Brian González–, cuando, aplastado entre la trompa de la camioneta y un semáforo, agonizaba con el cuerpo roto por dentro.
Tal acto le valió al irascible Oyarzún un breve arresto, su procesamiento por “homicidio simple”, la contención de Macri y, al final, su excarcelación “extraordinaria”. Pero todo eso sin que el expediente judicial ni las coberturas periodísticas, al igual que las expresiones vertidas por el espíritu público en las redes sociales, repararan en el signo colectivo de ese asesinato, olvido que, por cierto, escamotea el eje mismo del asunto: la existencia –nada menos que entre la “parte sana” de la población– del criminal espontáneo y agrupado con otros asesinos. Una tipología para tener en cuenta.
Ciudadano común
Es imposible determinar con exactitud el origen de semejante tendencia en la Argentina. Pero uno de sus hitos más notables se produjo el 9 de abril de 2009 en una esquina de Sarandí. Su disparador –nunca mejor utilizada esta palabra– fue la muerte del camionero Daniel Capristo, malogrado con ocho tiros por un pibe de 14 años al pretender evitar con un revólver el robo del Fiat Palio de su hijo. De modo que, en principio, lo ocurrido fue apenas otro intento fallido de “justicia por mano propia”. Pero el capricho invisible del azar lo llevaría a una situación sin precedentes en materia de bestialismo ciudadano.
Una no muy buena impresión habría causado entre familiares y vecinos del difunto que el fiscal Enrique Lázzari, al llegar al lugar del hecho, dijera del matador: “Es menor y no se puede hacer mucho”. Esa frase bastó para desatar una lluvia de golpes sobre él. Entonces fue apaleado en el suelo y hasta recibió un ladrillazo en la espalda, después de que la jauría humana lo persiguiera a lo largo de dos cuadras. Los canales transmitían el incidente en vivo; ante tales circunstancias, el movilero de TN soltó: “Fíjense en la indignación que hay; la bronca de los vecinos es clara y genuina”.
Al otro día tres mil vecinos convergieron en la plaza de Valentín Alsina para reclamar medidas urgentes contra la inseguridad. Y ante todo micrófono que se les puso a tiro, expresaron sus ideas al respecto. Una prima de Capristo, dijo: “La pena de muerte es un regalo; a los delincuentes habría que mutilarlos antes”. Un tipo que se identificó como Diego Díaz, sostuvo: “Hay que colgar a los chorros en postes de luz, y los medios deben mostrar cómo se desangran”. Otro sujeto portaba un cartel con una propuesta: “Control de la natalidad”. Es de suponer que muchos de los presentes habían participado la noche anterior en la agresión al fiscal. Lucían inmutables, como si la responsabilidad penal no los alcanzara.
El hábito de linchar había llegado a la Argentina para quedarse. Desde entonces la prensa ha visibilizado el asunto de manera espasmódica, al punto de demorar exactamente cinco años su instalación en las primeras planas. Eso sucedió recién en abril de 2014, al ser asesinado el joven David Moreyra por una turba en Rosario. Se le atribuía el robo de una bicicleta. A partir de aquel instante empezaron a saltar a la luz decenas de casos similares en todo el país. Y con el correspondiente debate al respecto.
En términos jurídicos, lo que en realidad se discute es la neutralización de robos callejeros –en especial, arrebatos de carteras y celulares; es decir, delitos excarcelables por su poca monta– mediante el recurso del homicidio calificado por alevosía (indefensión de la víctima) y ensañamiento (intención de agravar la agonía). Su conveniencia, dicho sea de paso, sumó una cantidad apreciable de opiniones favorables. En conjunto, una suerte de Evangelio de la Seguridad Vecinal, cuyo eje teórico se basa en dos simples pilares discursivos: “Hay un Estado ausente” y “La gente está cansada”. Y en tal sentido, desde luego, flota un interrogante: ¿Es el pánico ante la posibilidad de padecer algún delito lo que causa tales sentimientos en la muchedumbre o, por el contrario, sus integrantes siempre suelen razonar así? Habría que saberlo.
En las antípodas de tal pensamiento, suele haber una profusión de frases alrededor de un mismo concepto: “La justicia por mano propia no es justicia”. Apenas una tímida manera de decir que agruparse en una horda para patear a una persona hasta la muerte es un recurso inconducente y poco republicano. Como si en el “ciudadano común” no hubiera un gen criminal.
El grito
Resulta aún más aterrador constatar que los asesinatos colectivos no siempre tienen por propósito poner freno o castigar un delito sorprendido en flagrancia. Ciertos ejemplos –catalogados apenas como “desbordes inexplicables” de la condición humana– así lo demuestran.
Un caso testigo en la materia fue el crimen de Emanuel Balbo, sucedido el 16 de abril de 2017 en el estadio Kempes, de Córdoba, durante el clásico de Belgrano con Talleres. No está de más repasar su dinámica.
“¡Ese es de Talleres! ¡Un infiltrado, mátenlo!” fue el grito que señaló a la víctima, de 22 años, y que puso fuera de sí a los hinchas de Belgrano. Balbo bajó 25 escalones entre alaridos acusatorios, puñetazos y patadas, hasta llegar al borde de la tribuna, desde donde fue arrojado al vacío. Murió luego de una agonía que duró tres días.
Bien vale considerar dos cuestiones: sus verdugos –quienes se sumaban por decenas en cada metro que Balbo avanzaba hacia su absurda muerte– no eran barrabravas sino simples espectadores, y no necesitaron más que el grito del instigador –un tal Oscar “Sapo” Gómez, que sostenía un entredicho previo con la víctima– para encender la mecha de ese asesinato.
Un grito, ese sencillo estímulo pavloviano supo ser el detonante de otras tragedias criminales. Un grito. Como el que lanzó la hija de Richard Souto, un herrero de Benavídez, durante la tarde del 28 de septiembre de 2010.
“¡Es un ladrón! ¡Es un ladrón!”, chillaba, señalando a un chico que a lo lejos intentaba parar un remis.
El chofer pensó que le quería robar el auto; otros vecinos creyeron lo mismo, apresurándose a intervenir. Aquella “detención ciudadana” se efectuó con golpes y patadas. Un linchamiento, digamos, de baja intensidad.
Entonces emergió un vehículo por una calle lateral; a bordo iba el padre de la gritadora con algunos allegados. Los vecinos que retenían al presunto ladrón lo entregaron a sus perseguidores.
En realidad era Matías Berardi, de 17 años, quien había sido secuestrado por ellos en la madrugada, al regresar de un baile. Durante la negociación con su familia por el rescate, él logró huir de su lugar de cautiverio.
A la noche apareció muerto en un descampado, con un tiro en la nuca.
Los vecinos de Souto deberán arrastrar eternamente esa cruz.
Si la historia de la humanidad algo enseña es que son muy plausibles las conductas homicidas en individuos insospechados. Sin embargo lo que resulta aún más espeluznante es que un conjunto de “personas normales”, que por lo general no se conocen entre sí, que van o vuelven de sus tareas rutinarias, de pronto se comploten en un crimen tan súbito como abyecto.
El 13 de junio de 2017 un niño de 10 años fue linchado por una horda de peatones en la esquina de Colón y General Paz, de la capital cordobesa (ver foto principal). Su pecado: intentar el robo de un celular. El ataque fue filmado y se viralizó en las redes sociales. Allí se ve a sus agresores zamarreándolo, antes de tirarlo al piso en donde recibió un aluvión de golpes. Su silueta indefensa y sangrante es una postal del presente. Una paramédica se interpuso, y así el pibe logró salvar su vida. Después, la dotación de un patrullero se lo llevó preso. Y la “gente” fue retomando lentamente su camino.
¿Esos seres, ya en sus sus hogares, les contaron a los hijos que venían de “reventar” a un niño junto con otros honrados ciudadanos?
Como aconseja Macri, estas cosas “hay que reflexionarlas en familia”.
Por Ricardo Ragendorfer – Revista Zoom