El brutal tarifazo energético que aplicó el Gobierno de Mauricio Macri, que en algunos lugares del país llegó al 1800 por ciento, y la espiral inflacionaria que provocó demuestra que el gobierno resolvió mal otros temas después del tarifazo: ganancias, la Concertación Económica y Social y la ley antidespidos.

Macri llegó al Gobierno con la promesa de “pobreza cero” pero en apenas cinco meses lo que hizo fue dinamizar el incremento de precios con medidas claramente recesivas e inflacionarias en un escenario donde hoy un 40 por ciento de los trabajadores no tienen derechos laborales ni acceso a las obras sociales.

Sin bajar la inflación y sin una recomposición salarial para los asalariados no registrados que no reciben asignaciones familiares –franja de 4 a 5 millones de personas- y una ayuda para los desocupados el tarifazo (luz, gas, agua y transporte todo junto en pocos meses) las medidas no cierran.

La crisis del empleo registra una tasa de desocupación oficial en aumento que alcanza a 7,0% de la PEA y afecta a 1.192.000 argentinos en el tercer trimestre de 2014 (Fuente: Ministerio de Trabajo). Hoy se estaría en una cifra oficial cercana a 1.500.000 desocupados. Si sumamos los desalentados (desempleo oculto) la cifra ronda los 2.300.000 personas en su mayoría jóvenes.

Hay 14 millones obligados a de reducir todavía más sus gastos familiares. Hay 8 millones precarizados (sin trabajo, con trabajo no registrado y de baja calificación) y 6 millones de trabajadores registrados y asalariados del sector público con bajos salarios.

Y mientras los argentinos padecen estos males endémicos de la economía argentina, el Gobierno toma medidas contrarias a los intereses de la Nación.

En una denuncia que presentamos contra el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y a Julio Aníbal Balboa, presidente de Energía Argentina S.A. (ENARSA) pudimos determinar que ambos funcionarios violaron el Régimen de Contrataciones

Los contratos firmados entre ENARSA y la empresa SOLGAS S.A., para comprar en forma directa 86 millones de metros cúbicos de gas a un precio de 6.90 dólares el millón de BTU violaron las disposiciones del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, resultando un 128% más caro que el gas que se le compra a Bolivia.
Ambos contratos tienen una cláusula de estricta confidencialidad y reserva, lo que no permite que se conozcan públicamente como sucede con el acuerdo entre YPF-Chevron”.

SOLGAS de Chile, es una filial del grupo ENGIE-SUEZ una de las más grandes empresas francesas generadoras de energía. Cabe apuntar que la Argentina fue demandada en el tribunal del CIADI, por Suez, habiendo sido condenada a pagar más de 400 millones de dólares, por lo cual se ha negociado con una empresa con la que existe un conflicto de intereses. Y resulta tan evidente ese conflicto que cediendo a las imposiciones de SOLGAS, se le pagó por adelantado la totalidad de la compra, debido a que la empresa chilena no quiso aceptar las cartas de crédito del Banco de la Nación por falta de confianza. Además la empresa chilena exigió que se pactara la ley del Estado de Nueva York y el sometimiento a esa jurisdicción para la resolución de conflictos. Si no se aceptaban las exigencias de SOLGAS, el contrato no se firmaba, tal como lo sostuvieran públicamente los directivos de ENARSA. El propio presidente de la Compañía indicó que se tuvieron que aceptar las condiciones fijadas por los proveedores “por la falta de confianza en el país que tienen las empresas chilenas”

Además de la confirmación oficial de la compra de gas a Chile, con sobreprecio se suma la existencia de otro contrato celebrado con ENAP, la empresa estatal de petróleo de Chile, a la cual se le van a comprar 276 millones de metros cúbicos de gas a través del gasoducto Gas Andes que une a Chile con la Argentina, a un precio aún más caro que el anterior contrato, es decir a 7.20 el millón de BTU.

Hay proyectos para construir una central termoeléctrica, y una de las empresas que busca entrar al negocio es Shell, la compañía de la que proviene el Ministro Aranguren, y que casualmente es socia de SUEZ en varios emprendimientos en el exterior

La firma angloholandesa, además, es uno de los principales proveedores de gas licuado a Chile desde Trinidad y Tobago como integrante de la compañía Atlantic LNG, y controladora de la British Gas. En resumen que el gas que se compra a Chile, no se genera en el país trasandino, sino que es comprado fuera del país, regasificado en Chile y ahora exportado a la Argentina. En todos estos hechos descriptos, resulta relevante el hecho de que el actual Ministro Aranguren sea accionista de Shell, y ex presidente de esa petrolera, a la que renunció hace apenas unos meses.

Finalmente, en apenas cuatro meses se ha endeudado al país en 32.640 millones de dólares, emitiéndose bonos soberanos nuevamente sometidos a la decisión de jueces extranjeros, y el Banco Central continúa emitiendo letras que significarán el pago de intereses por más de 140.000 millones de pesos en el transcurso del 2016.

El autor es senador nacional (Proyecto Sur) – Infobae

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