El secretario de Hacienda de Almirante Brown fue uno de los responsables de ese programa entre 2012 y 2013. Podría ser llamado a indagatoria.
Mariano Cascallares hizo una excepción al desinterés crónico que le inspira el fútbol: asistió en noviembre de 2015 al estadio de Brown de Adrogué para presenciar el ascenso del equipo al torneo Nacional B. Lo inusual del gesto hace curioso que dos funcionarios ligados al manejo de ese deporte la década pasada sean parte significativa del gabinete que lo acompaña desde el 10 de diciembre en su gestión como intendente de Almirante Brown, para la que fue elegido el 25 de octubre, especialmente por la sensible responsabilidad confiada: la jefatura de Gabinete a Leandro Battafarano y la secretaría de Hacienda a Humberto Andrés Vivaldo. A simple vista, el primero podría llamar más la atención que el segundo. Con un breve paso como concejal en Avellaneda, el antecedente más notorio de Battafarano es haber sido el jefe del Departamento de Fútbol en el Club Atlético Independiente, en la controvertida presidencia de Julio Comparada (ver recuadro).
Más lógico es que un contador cubra el área asignada a Vivaldo, si no fuese porque el currículum acumulado en estos 12 años parece superar la expectativa del cargo que debe cubrir en un territorio que siente inhóspito, como les confesó a visitantes del despacho que ocupa en el primer piso del Palacio Municipal.
Además de los rayones al Audi A4 con el que solía cubrir el trayecto de Barrio Norte al Segundo Cordón del Conurbano, incide en el estado de ánimo la investigación abierta por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría sobre supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de Fútbol para Todos.
La inquietud nace del enigma que procuran descifrar los cuatro asesores letrados que auxilian a Vivaldo.
De la interpretación de la magistrada sobre la responsabilidad y participación en ese programa, al que se relacionó por la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, que ocupó en la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Juan Manuel Abal Medina, puede depender que tenga una cita con ella.
El actual senador nacional bonaerense es pieza fundamental para volver profecía autocumplida el optimismo que deja trascender el entorno de Cascallares: Vivaldo no será indagado. Quizás una de las razones menos conocidas por las que visita cada 15 días en el Congreso al ex jefe de su principal socio político desde fines de 2002, últimamente distanciado de Abal Medina es que, lo mismo que Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, deberá declarar ante la jueza el mes que viene.
Paso que servirá para determinar si se abren o cierran las puertas entornadas con las testimoniales del ex vicegobernador Juan Gabriel Mariotto y el secretario Ejecutivo de FpT, Pablo Paladino: deslindaron cualquier responsabilidad de manejo de fondos públicos y se la atribuyeron a los ex jefes de Gabinete.
Instancia clave para validar la hipótesis de Cascallares y los letrados que asisten a Vivaldo: se limitó a ordenar el programa. Una rectificación tardía de lo que siguen estimando un “error” en la crónica de Clarín del 21 de marzo de 2012 bajo un título elocuente: “Abal Medina toma el control financiero del FpT”. La letra de la decisión administrativa 73/12 adoptada el 5 de marzo por el jefe de Gabinete también lo es:modifica el rango escalafonario de Paladino y lo equipara con el de subsecretario de Vivaldo, a quien faculta para asesorar y monitorear el desenvolvimiento de FpT.
Inseparables. Hay un aspecto menos visible del eventual llamado de la Justicia. El trámite podría desnudar la trama de relaciones políticas que vinculó en el gobierno kirchnerista a las autoridades de la Anses con Fútbol para Todos gracias a la determinante influencia en ellos de La Cámpora.
Vivaldo fue director general de Administración en ese organismo previsional y uno de los responsables del Fondo de Garantías Sustentables antes de asumir con Abal Medina. Lo que vuelve algo más que una especulación el supuesto financiamiento al fútbol que desacreditó Diego Bossio con un argumento que tal vez ya no surta efecto: patrañas de la prensa concentrada y destituyente.
El contador no llegó solo a la Anses en 2009. Acompañó a Cascallares, que asumió como subdirector y en tributo a la sociedad política que los volvió inseparables desde que se conocieron, en 2002: apadrinado por Daniel Scioli desde la Secretaría de Turismo, el intendente de Almirante Brown fue director nacional de la Juventud en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Experiencia que repetirían en la cartera asistencial bonaerense en la primera gestión del gobernador.
Vinculado al grupo Sushi del saliente gobierno de la Alianza, aportó el know how indispensable de la administración pública al joven abogado sólo con experiencia en el área de Ceremonial y Protocolo del municipio de Almirante Brown pero con orden de Scioli para organizar una Juventud Peronista de alance nacional que le fuese afín.
Reclutamiento con dificultades en el caótico peronismo correntino para sentar un delegado en esa mesa, que saldó Raúl Zandoná. El intendente de Monte Caseros envió allí a José Ottavis, el cadete de la casa provincial en la ciudad de Buenos Aires, que cumplía diligencias por sus órdenes.
Aporte que con el tiempo se reveló inestimable. El novio de Vicky Xipolitakis se convirtió en interlocutor de Máximo Kirchner y, junto a Wado de Pedro, redujo el papel de Bossio en la Anses al de un gerente, según recuerda un intendente peronista para quien los esfuerzos del director ejecutivo por descubrir negocios ocultos de sus antecesores, Sergio Massa y Amado Boudou, no diluyeron la desconfianza de la familia presidencial.
Bossio y Scioli. La llegada de Cascallares y Vivaldo a la Anses marcó el inicio de la fluida relación que mantienen hasta hoy, materializada en la ciudad de Tandil gracias al ex presidente de Aguas Bonaerenses, el abogado Guillermo Scarcella, contacto a la vez con Rodolfo Canicoba Corral, a través de quien el ex gobernador y candidato presidencial habría llegado a un entendimiento con los jueces federales para detener causas contra el oficialismo en la campaña.
Scarcella es el vicepresidente del club Ramón Santamarina, cuya titularidad ejerce el hermano y concejal de Diego Bossio, Pablo. En el universo empresarial de esa ciudad se le atribuye al abogado la propiedad de al menos cuatro tradicionales emprendimientos hoteleros y varias estancias. Dos representantes de firmas tradicionales que pidieron anonimato aseguran que algunas de ellas son recorridas por Scioli en helicóptero.
Distanciados. Con ese medio de transporte llegó discretamente el 21 de abril a la Metalúrgica Angeletti del parque industrial que Almirante Brown tiene en Burzaco. Fundada por el ex corredor de TC, Oscar, y su hermano Néstor, la empresa planea despedir empleados por el impacto de la nueva tarifa de gas en sus costos. Scioli no organizó la actividad con Cascallares, miembro del grupo de intendentes dialoguistas del PJ que trabaja para convertir a Florencio Randazzo en mantra para las elecciones de 2017.
Casi un puñal para el ex gobernador, que en 2011 lo designó al frente del IPS y lo respaldó en las primarias del Frente para la Victoria, provocando tensiones en su gabinete con los ministros de Gobierno y de Seguridad, Cristina Alvarez Rodríguez yAlejandro Granados, que hicieron lo propio con el diputado nacional Rubén Darío Giustozzi.
Nada de esto resiente el ánimo de Cascallares, quien dio la orden para que Vivaldo no respondiese preguntas y envió a su jefe de prensa, Javier Palacios, a desmentirque haya ocupado la Subsecretaría Administrativa con Abal Medina. Incluso en desconocimiento del Decreto N° 24 del 10 de diciembre de 2011, por el que fue designado en ese cargo por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Por Daniel Bilotta – Perfil
