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Alexandre Roig: “No alcanza una redistribución del ingreso, hace falta una redistribución del poder”

El sociólogo desmenuza presente y futuro de la Economía Popular. El dilema abierto entre trabajo y renta universal.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lanzó el RENATEP (Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular). En esta entrevista realizada por Mariana Pacheco para  revista Zoom, Alexandre Roig (sociólogo y asesor de la Secretaría de Economía Social) desmenuza la iniciativa, sus posibles impactos entre las personas del sector y la importancia política que tiene la medida para los movimientos populares de la Argentina contemporánea.

¿En qué consiste este registro?

Es una herramienta de visibilización y formalización de la economía popular. En otras palabras, sería el primer proceso de gran reconocimiento de este sector por parte del Estado. En concordancia con lo que es la historia de las organizaciones sociales, el registro es, en primer lugar, de trabajadores y trabajadoras, en un intento por fortalecer este imaginario que crece día a día en asumir que los trabajadores no son solamente quienes están empleados, sino también quienes generan su propio trabajo. En segundo lugar, es un registro organizado por rama de actividad, tal como se vienen organizando los movimientos. Por último, lo que se busca es tener un anclaje territorial. Así, a la visibilización y el reconocimiento se suma también el pensar políticas adecuadas para cada uno de esos sectores, para la economía popular en su conjunto a la vez que para cada una de sus actividades, que están organizadas en cinco grandes ramas: socio-comunitarias, cuidado, reciclado, producción de alimentos y textiles.

Eso, en sí mismo, ya te permite tener acceso a lo que llamamos herramientas. Hay que aclarar que éstas no son automáticas: estar en el registro no otorga inmediatamente esas herramientas, que están pensadas para transformar la actividad y mejorar los ingresos.

¿Y en qué tipo de herramientas están pensando?

Bueno, herramientas fiscales, por ejemplo. Vamos a lanzar un monotributo social gratuito; herramientas financieras, con una línea de créditos; herramientas organizacionales, con las que queremos promover nuevas formas de organización de la producción, utilizando para esto último lo que llamamos Sociedades Autogestionadas de la Economía Popular. Por otra parte, va a ser una forma de acceder a un Salario Social Complementario, que es parte de la discusión presente hoy en la sociedad argentina respecto de un ingreso que permita a todos los trabajadores y trabajadoras llegar al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Ello es fundamental que se entregue en forma de salario, no en base a una contraprestación, sino que se asuma una remuneración a cambio del trabajo ya realizado en el marco de la economía popular -ahora desvalorizado, por lo que el Estado pretende intervenir-. También se permitirá el acceso a herramientas comerciales, como “Compra estatal”, Ferias Populares y una serie de programas de capacitación.

Políticamente, ¿qué importancia conlleva todo esto?

Bueno, resulta clave en tanto que permite identificar toda una franja del trabajo que hasta ahora no aparece oficializada; además, es una intervención concreta que puede hacerse luego del IFE, que sorprendió incluso a sectores del propio gobierno, ya que los números fueron muy superiores a los que se esperaban. Nosotros calculamos que, por lo menos, son alrededor de cinco millones las personas que trabajan en el marco de la economía popular (un cuarto de la población económicamente activa). Por eso insistimos en la importancia política de darle institucionalidad a una porción de la población que no es marginal y necesita un marco propio. Es decir, superar la institucionalidad propia de la economía tradicional que no logra contener a estos sectores.

Sin ser economista, pero realizando un análisis de la actual coyuntura política, uno puede visualizar, a partir de lo que planteas en torno a un “ingreso”, que se establece una suerte de puja entre modelos en la actualidad de la Argentina. Por un lado, una perspectiva progresista que toma la idea de una Renta Básica Universal de Ciudadanía, que un poco viene de las discusiones que se produjeron a inicios del siglo con los Foros Sociales Mundiales en Porto Alegre y cierto cruce con planteos europeos, y por otro lado, una perspectiva popular que se puede anclar en toda la experiencia que en Argentina tomó el nombre de Movimientos de Trabajadores Desocupados (o Movimiento Piquetero). Parece lo mismo pero, ¿lo es? Es decir, ¿no podría pensarse que el concepto de ciudadanía universal desterritorializa la experiencia anclada en el proceso de territorialización política que se vive desde los años ochenta, mientras desestructura el entramado organizacional de carácter comunitario?

Coincido con las dos cuestiones que planteas en torno a la renta. Lo que pasa ahí, y se presta a confusión, es el concepto de ingreso. En términos generales se podría decir que “toda persona tiene derecho a un ingreso”, pero las razones por las que uno puede percibir un ingreso son, fundamentalmente, dos: por un lado, por el mero hecho de ser ciudadano. Eso es a lo que llamamos “renta universal”, vinculado a un estatus social. Por el otro está el “salario universal”, que no es más que un ingreso por trabajar, y que tiene un efecto ordenador y organizador de actividades, pero también de relaciones y de imaginarios sociales. Por eso nosotros no promovemos la renta ciudadana sino el salario social, porque resalta el aspecto de la organización popular. Destacamos que es importante no ser eurocéntricos en esas discusiones, porque una cosa es administrar el conflicto social en una sociedad escandinava, donde la desigualdad es de uno a seis (lo que el sociólogo Raúl Castells llama una “sociedad de semejantes”), y otra cosa es hacerlo en Argentina, donde la relación de desigualdad debe rondar el uno a cincuenta.

Por eso somos de los que decimos que, para combatir la desigualdad, no alcanza una redistribución del ingreso, sino que hace falta una redistribución del poder. Fortalecer la organización social es una forma de redistribuir el poder en favor de quienes menos tienen, porque a esta altura de la historia y del desarrollo de las ciencias sociales, sabemos que los procesos de transformaciones tienen que ver con el conflicto social. Consecuentemente, decimos que la renta es una medida desorganizante, que lejos de asumir el conflicto sostiene un estado de situación en términos sociales, por más que pueda mejorar ingresos. En ese panorama, el RENATEP es un registro de trabajadores y trabajadoras que busca fortalecer la organización. En ese sentido te diría que, contrario al imaginario presente en muchos sectores de la población, desde las organizaciones populares estamos en contra de los subsidios. Luchamos porque se reconozca el trabajo que hacemos, no por subsidios, no por una renta que en el fondo es un subsidio.

Por último quería pedirte tu opinión respecto del hecho de que hoy en día, además de sus trabajos comunitarios en los territorios, y de marcar ciertas agendas en la esfera pública, los movimientos populares ingresen a la gestión del Estado a través de algunas de sus militancias.

Me parece fundamental. Entiendo que no puede haber un Estado eficiente sin estar intrínsecamente conectado con la sociedad, con lo cual es muy importante que las mediaciones sociales estén dentro del Estado. Y cuando digo “mediaciones sociales” me refiero a las que trabajan para lo común, no las empresas que trabajan para intereses privados. Por eso siempre digo que no me gusta esa imagen que habla de un mostrador, que presupone que las organizaciones sociales están de un lado y el Estado del otro. Acá no hay ningún comercio, sino un conjunto de actores sociales (el Estado, las organizaciones), que accionan conjuntamente para trabajar por el bien común. A eso llamamos una acción pública. Esa dinámica requiere otro tipo de Estado, y también, otro tipo de organizaciones; organizaciones que aprendan, en términos prácticos, a estar en el Estado, y un Estado que, también en esos términos, aprenda a tener a las organizaciones adentro. En lo conceptual, entiendo que es lo más saludable, porque cuanto más adentro del Estado esté la sociedad, más van a circular saberes en ambos sentidos, y más prácticas se puede transformar. Así que diría que no sólo lo veo como necesario, sino también como deseable. Por otro lado, ésta ha sido la forma en que, históricamente, se ha pensado este vínculo desde el peronismo.