Al casino con la plata del abuelo

El acuerdo con el FMI prevé liquidar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La subordinación del interés público a los negocios privados, la institucionalización del saqueo y la virtual privatización del Banco Central.

El gobierno se dispone a liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El plan no es nuevo: la maniobra fue habilitada por la ley ómnibus que en 2016 posibilitó el “blanqueo” impositivo. La novedad es que el desguace fue ratificado por escrito en el memorando de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

“Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica”, reza la carta de intención.

“Las autoridades y el staff del FMI acordaron una misión de asistencia técnica del FMI para fines de 2018 que recopilará la información necesaria y asesorará a las autoridades sobre el registro correcto de la operación de nacionalización y los cambios subsiguientes en el sistema de pensiones que sean consistentes con principios estadísticos sólidos como los incorporados en las Manual de Estadísticas Públicas. Si las recomendaciones de la misión llevan a cambios en la medición del resultado presupuestario no se aplicarán medidas de política adicionales para los fines del programa respaldado por el FMI”, precisa el documento.

En criollo: en el memorando con el prestamista, el Gobierno se compromete a liquidar el FGS para hacer frente al programa de reparación histórica a los jubilados. Esto implicará que el Ejecutivo se desprenderá no sólo de los títulos públicos que heredó de las AFJP sino también de las acciones de empresas privadas que aún tiene en sus manos.

A los empresarios amigos de Macri le gusta esto.

El proceso de venta de activos y saqueo de los recursos del FGS (como su nombre lo indica, creado para ser un reaseguro del delicado sistema previsional) lleva más de un año, y ya generaron media docena de causas judiciales.

Por una denuncia del legislador nacional Rodolfo Tailhade, por ejemplo, el juez Claudio Bonadio lleva la demanda por la venta de bonos de la empresa EPEC, que le entregaban una tasa del 12,5% al Estado, para la suscripción de deuda de la provincia de Córdoba por U$S 150 millones a diez años, a un interés anual del 7,25%. Por ese caso se denunció una pérdida de U$S 75 millones para el organismo.

La diputada Victoria Donda, por su parte, denunció la venta del 11,8% de las acciones que el FGS tenía en Petrobras. Se las entregó a Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, a $ 10,37 cada una y tan sólo algunos días después el precio bursátil se disparó a cerca de los $ 18. El caso también está en manos de Bonadio.

La Unidad Fiscal de la Seguridad Social (UFISES) inició una demanda por presuntos negociados entre el FGS, Petrobras y Pampa Energía, que por conexidad se unió también al expediente originado por Tailhade.

El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Luis Rodríguez, denunció posibles negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y violación de los deberes de funcionarios públicos vinculados al fondo. El expediente está en manos del juez federal Claudio Casanello.

Otra denuncia de la UFISES cuestiona la colocación de fondos en un fideicomiso de la financiera Axis, fundada por el ex ministro de Finanzas y flamante titular del Banco Central, Luis Caputo. El 80% de los $ 450 millones transferidos se destinaron a la compra de Lebacs, que el FGS bien podría haber adquirido sin pagar la comisión a la compañía creada por un funcionario. Esa causa transita, con el típico andar cansino que los jueces federales le otorgan a los expedientes que involucran a funcionarios en funciones, en el juzgado de Luis Rodríguez.

La tercerización de las colocaciones financieras -con el consiguiente pago de comisiones a los colocadores- se convirtió en una práctica habitual durante la gestión cambiemita de la Anses, que conduce Emilio Basavilbaso.

Según detectó y difundió el periodista Ari Lijalad, la Anses colocó millones de pesos en Fondos Comunes de Inversión (FCI) con tres tipos de maniobras: compra de Lebacs, inversiones en fondos donde ANSES representa casi todo el capital y la colocación de dinero de ANSES en fondos que luego invierten en empresas de allegados a Macri, como su “hermano de la vida”, Nicolás Caputo, y Marcelo Mindlin.

El desvío de los recursos del FGS hacia la especulación financiera se inició apenas el PRO tomó posesión de una de las cajas más voluminosas del país. Y como es usual, la maniobra incluyó beneficios adicionales personales para funcionarios del Gobierno. En este caso, el beneficiado fue Luis Caputo: en lugar de que la ANSES comprara las Lebacs en forma directa, Caputo hizo que el FGS invirtiera en el fondo Axis, fundado por él y donde, según su última declaración jurada, conserva varios millones invertidos.

Según reveló Lijalad, las inversiones de ANSES en Axis aparecen por primera vez en el acta 133, de julio de 2016. Puso, de un saque, 292 millones de pesos en el fondo Axis Ahorro Plus. Al mes siguiente, según el acta 134, rescató 236 millones pero puso 427 millones más. “Le quedaron un total de 498 millones en el fondo Axis Ahorro Plus”, concluyó el periodista.

Según informó Axis a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el 99,9% de ese fondo luego se invertía en Lebacs. O sea: ANSES gastaba millones en comisiones para que el fondo fundado por Caputo hiciera algo que el organismo podía hacer por sí mismo.

El caso fue denunciado por el fiscal Gabriel De Vedia, que estaba a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de Seguridad Social (UFISES). Luego de la denuncia, el Gobierno quiso primero eliminar la UFISES y luego, hace unos días, ordenó el desplazamiento del fiscal De Vedia.

En paralelo a la persecución de los denunciantes, Mauricio Macri decidió premiar a los denunciados. El viernes, Luis Caputo fue designado al frente del Banco Central en lugar de Federico Sturzenegger, quien ofició de fusible por el incendio cambiario que lleva más de dos meses quemando reservas y “credibilidad” gubernamental. De hecho, el propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, admitió que la designación de Caputo busca recerear “confianza” en los mercados. A propósito: con el pase de su colega, Dujovne absorbió el ministerio de Finanzas. Macri decidió consolidar a Dujovne justo después de que se supiera que el ministro esquivó el pago de impuestos inmobiliarios durante más de una décadas. La honestidad fiscal, está claro, no es un mérito para el presidente.

Especulador experto y miembro dilecto de la elite financiera internacional, la llegada de Caputo implica la virtual privatización del Banco Central. Será el propio sector financiero, ahora, quién controlará al organismo que lo debiera controlar. Y la misión de Caputo será garantizar el pago a los acreedores, entre los que se cuentan su propio fondo de inversión y otros muy cercanos. Un ejemplo: junto a Caputo llegará al Central Gustavo Cañonero, ex Deutsche Bank en NYC que desembarcó en Argentina en el Grupo SBS. Su firma se asoció con Templeton para vender fondos de inversión. Templeton, vale recordarlo, fue quien compró casi toda la emisión que hizo Caputo durante la “corrida” de abril.

Zorros al frente del gallinero.

¿Qué puede salir mal?

Por Adrián Murano – Revista Zoom

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