Miquelarena y la Ley del Arrepentido para los casos de corrupción

El procurador General, Jorge Miquelarena, advierte que será difícil que los imputados en la causa por asociación, acogerse a la Ley del Arrepentido (27.304), “por más que están a los gritos para arrepentirse”, dijo al tiempo que anticipó que hoy formalizará una denuncia por la filtración de un oficio judicial y el “eventual espionaje ilegal”. El titular del Ministerio Público Fiscal de Chubut, se refirió al progreso en la causa por asociación ilícita en la que están siendo investigados Diego Correa, su esposa, Natalia Mac Leod, su secretario Diego Luthers, y los empresarios Juan Carlos “Tato” Ramón, de Playa Unión, y Sandro Figueroa, al señalar que las pruebas son contundentes.
El Procurador general reveló que, paralelamente, se avanza otra causa judicial que investiga presuntos sobreprecios, direccionamiento de compras y desvío de donaciones en el marco de la emergencia climática tras el temporal en Comodoro Rivadavia, ocurrido en abril del año pasado.
Las novedades respecto a esta causa llegarían el próximo mes, según indicó.

Delitos complejos

Sobre la causa que tiene como detenidos a los ex funcionarios provinciales, el Procurador aseguró que continúan trabajando y adelantó que “en los próximos días habrá más novedades”, agregando que los delitos contra la administración pública “son mucho más complejos de investigar y de reunir pruebas; aquí ingresan actos administrativos, y hay que empezar a rascar muy profundo para determinar que un decreto, por ejemplo, es trucho, o que una resolución no corresponde, o es contraria a derecho o lo que fuera”.
A su vez, subrayó que otra dificultad es que estos delitos “involucran a gente que tiene herramientas como para protegerse; además, la prueba habitualmente hay que recolectarla de parte de ellos, y los jueces requieren un status probatorio mucho más alto para los delitos contra la administración pública que para cualquier otro delito”.
Sin embargo, advirtió que “en este caso puntual, por suerte tenemos carretillas de evidencias” y que “a partir de la apertura de la investigación (el pasado viernes) tenemos seis meses para concretar la acusación; en ese momento, hay que presentar un escrito donde puntualmente se los acusa por cada uno de los hechos”.

Sin ley del arrepentido

El Procurador recalcó la determinación del juez de la causa, que dictaminó la prisión preventiva por seis meses, el embargo de todos los bienes, la inhibición general de los mismos y el levantamiento del secreto bancario para Correa, Mac Leod, Luthers, Figueroa y Ramón, al indicar que “nos habilitó para seguir investigando absolutamente todo”, reconoció.
En cuanto a la Ley del arrepentido, manifestó que “me resulta difícil que los detenidos puedan agregar cosas que nosotros no tengamos o no sepamos, no les va a resultar tan fácil por más que están a los gritos, dos al menos de ellos, para arrepentirse”, dijo en declaraciones a La Tecla Patagonia.
En esta línea, planteó que “tienen que ir a esferas más altas y agregar pruebas irrefutables, de otra forma les vamos a decir que no; en estos casos, aparecen arrepentidos por todos lados, incluso algunos en Casa de Gobierno, pero hay que ver lo que tienen para contar”.
Miquelarena deslizó que “muchos vienen ahora y quieren contar porque saben que tenemos intervenciones telefónicas y escuchas; es cierto que hay muchos golpeando la puerta de Fiscalía con lágrimas en los ojos que se quieren arrepentir”.

Filtración de Buenos Aires

Miquelarena se refirió además a un audio de Correa en el cual lo mencionaba que “amenazas no recibí. Lo que sí recibí fue una llamada, que fue puesta como evidencia por los fiscales, como una muestra de entorpecimiento a la investigación que tiene esta gente, y el poder que tienen”, relató.
De esa llamada “me enteré en el momento que se produjo, pero no dije nada hasta tanto no estuviera la apertura de la investigación, para no entorpecer la investigación. Ahora que ya está realizada, el lunes voy a presentar una denuncia por esa llamada en el Juzgado Federal”, adelantó.
“Este es un hecho sumamente grave, hubo una filtración de un oficio del Ministerio Público Fiscal donde un juez ordenó las escuchas telefónicas; la filtración proviene de Buenos Aires y este señor Correa lo sabe y se comunica con otro señor de Trelew, para hacérselo saber y le dice que, al Procurador, es decir a mí, me tienen ‘apuntado’”, concluyó.

Apuntan a Miquelarena

En las últimas horas trascendió que un grupo de abogados del Valle quieren propiciar un pedido de juicio político a Jorge Miquelarena. De acuerdo a las fuentes, la acción judicial nada tendría que ver con los recientes hechos por todos conocidos, sino que acusarían al Procurador General de “fondear” causas por violencia familiar.

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